El profesor H Sama Nwana, socio de Cenerva y experto en tecnología y telecomunicaciones, fue invitado recientemente a participar en un taller organizado por la Colaboración en Políticas Internacionales de TIC para África Oriental y Meridional(CIPESA).
Este taller se centró en el impacto de la fiscalidad digital sobre los derechos digitales en África, compartiendo las perspectivas de los operadores de plataformas, los organismos reguladores nacionales y regionales, las autoridades fiscales y los responsables políticos.
Los participantes examinaron cuestiones relacionadas con las buenas prácticas de fiscalidad digital y el impacto de la fiscalidad en los usuarios y los ecosistemas nacionales.
El profesor Nwana explicó a los asistentes cómo los impuestos digitales en sus diversas formas no sólo son regresivos, sino que privan de derechos a los grupos pobres y marginados, como las mujeres y los jóvenes.
"Si se aplica un impuesto fijo, va a afectar a los menos privilegiados y a las personas que más necesitan Internet, como las mujeres de las zonas rurales. El impuesto sobre las redes sociales en Uganda afectó más a algunas de las provincias más pobres que a los habitantes de zonas urbanas como la capital, Kampala", explicó.
Los países que han aplicado impuestos digitales han visto una reducción posterior en el uso y la utilización de Internet, lo que ha dado lugar a una disminución de los ingresos públicos.
"Esto es paradójico, porque cuando se intenta aumentar los ingresos fiscales poniendo más impuestos en el sistema, la gente deja de utilizar los servicios de datos para realizar transacciones o llevar a cabo otros negocios, como la agricultura y los servicios financieros", dijo Nwana.
En toda África, el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) está creciendo. Y los gobiernos están buscando en este mercado una fuente de nuevos ingresos.
La introducción de impuestos digitales en Uganda se presentó como un estudio de caso en el taller. Un impuesto sobre el uso de las redes sociales, introducido en 2018, provocó una rápida caída de las suscripciones a internet y fracasó como fuente de ingresos del gobierno. En 2021 se eliminó y se sustituyó por un impuesto sobre los datos de Internet. Aunque es demasiado pronto para ver sus efectos, se prevé que siga afectando al acceso a Internet.
En general, no parece haber acuerdo entre las partes interesadas en la normativa fiscal digital, con grupos de presión, economistas, tecnólogos e innovadores enfrentados a las agencias tributarias y a los reguladores de las comunicaciones sobre cómo apoyar el crecimiento económico al tiempo que se acelera la transformación digital y se protegen los derechos digitales.
El profesor Nwana explicó que las investigaciones demuestran que por cada 10% de aumento de la penetración de la banda ancha móvil, se produce un incremento de entre el 0,82 y el 1,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de los países en desarrollo de África.
"¿Por qué queremos renunciar a este crecimiento aumentando los impuestos que hacen descender el número de personas que utilizan los servicios de datos de banda ancha, que claramente añaden un importante valor y crecimiento del PIB a nuestra economía?"
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